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En junio de 2016 entrará en vigor el nuevo sistema de justicia penal en México.

Destacados especialistas en la materia nos hablan de las reformas paralelas que deben implementarse para asegurar la capacitación de todos los actores que intervendrán en el nuevo sistema y para garantizar la certificación de los servicios administrativos y de justicia.

José Guadalupe Carrera: ¿Cuáles serían los objetivos de la reforma paralela al nuevo sistema de justicia penal y cuáles serían las autoridades e instituciones que tendrían que intervenir en la misma?

Rodolfo Félix Cárdenas: Por supuesto que conocemos a quienes participarán: los jueces, la defensa pública y privada, los ministerios públicos, la policía y los peritos. Pero aunque se ha venido hablando de un proceso de capacitación desde 2008, cuando se observa lo que está sucediendo a nivel nacional encontramos que esa capacitación no está alcanzando el nivel que quisiéramos ver. Podemos encontrar un ejemplo de esto a nivel de los juzgadores, que están siendo entrenados solamente por jueces, pero no están comprendiendo el lenguaje de los litigantes, lo que produce una falta de comunicación en la operación del sistema; las partes no se comunican.

En cuanto a la defensoría pública, me parece que debe tenderse hacia su verdadera autonomía en el sentido estructural. Debe separarse y constituirse como un órgano autónomo que pueda contar con los recursos y los elementos materiales y de apoyo propios de su gestión. Por ejemplo, poder contar con un cuerpo de peritos e investigadores que apoye sus funciones.

Por otro lado, la manera de fortalecer a las procuradurías dentro del sistema es a través de la creación de la carrera de fiscal, para contar con verdaderos fiscales.

Jorge Cerdio: Yo quisiera hacer una distinción que tiene que ver con el mercado de oferta educativa y con la capacitación. Existen capacitaciones dirigidas a técnicas concretas para realizar una actividad determinada dentro del juicio oral. Esto quiere decir que se ha optado por maquilar grajeas informativas orientadas a una actividad concreta, pero se ha olvidado que estas grajeas muchas veces han sido importadas, son ideas tomadas de otros países y de otros sistemas jurídicos, y quien es adiestrado con una grajea específica puede saber en qué consiste la actividad, pero ser incapaz de entender qué hay detrás, que presupone.

La segunda consideración tiene que ver con los profesores que dan clases y los centros educativos que expiden títulos en Derecho. La reforma penal es urgente, pero ¿de qué sirve que pongamos todos los recursos si hay una enorme cantidad de centros de educación superior autorizados para enseñar Derecho que no adiestran ni capacitan a los egresados en el nuevo sistema penal y, en menos de 15 años, tendremos a más de la mitad de las cédulas profesionales expedidas sin capacitación?

Finalmente, quisiera plantear una consideración sobre las ciencias forenses, que están en la base de la idea de presentar pruebas y discutirlas dentro del marco de garantías. En muchas entidades de la República, si se busca a los peritos en algún arte forense, con suerte se encuentra a algún médico legista, o a alguien entrenado en alguna técnica de comparación de muestras o de golpes. Si no contamos con un servicio de ciencias forenses de calidad, el sistema acusatorio corre el riesgo de funcionar incorrectamente.

Juan José Olea: Desde un punto de vista básicamente operativo, en la Ciudad de México observamos que desde su positivización constitucional en junio de 2008, esta reforma no fue concebida junto con un plan de implementación que contemplara los aspectos normativos secundarios, los recursos económicos y humanos, así como los relativos a la infraestructura y a la tecnología. No es nada más un cambio de nombre, sino un cambio en el flujo de información y en el modelo de gestión.

Por otro lado, en materia de profesionalización, el reto es que existen nuevas figuras procesales en el Código Nacional de Procedimientos Penales que llegan tarde, pues involucran una serie de cambios organizacionales a nivel nacional. Incluso hay estados que cuentan al día de hoy con cuatro códigos procesales vigentes. En el caso de la Ciudad de México únicamente son dos.

En esta dinámica yo creo que la reforma paralela es fundamental, necesaria; estamos trabajando en ella, pero tenemos que darle su tiempo para su consolidación.

 

 

Fuente: El mundo del abogado.